El opaco negocio de la caza
La caza es muerte y negocio. En España, más de 20 millones de animales mueren cada año abatidos por cazadores. En su mayoría, son animales que han sido criados en granjas cinegéticas y soltados en cotos bien delimitados por vallas para que unos cuantos aficionados -743.650 con licencia- les peguen cuatro tiros y se hagan fotos con sus cadáveres para compartir en redes sociales.
Según los datos del Anuario de Estadística Forestal de 2019, se mataron 675.469 animales considerados de caza mayor (arruís, ciervos, jabalíes, lobos…); 6.590.471 de caza menor (conejos, liebres y zorros); y 13.139.017 de caza menor de aves (zorzales, perdices, palomas, codornices, etc). Otras víctimas de la actividad cinegética son los perros llamados de caza: cuando ya no les sirven los abandonan y/o matan.
Concretamente, en 2019 se capturaron más de 20,4 millones de ejemplares de animales, con un valor económico estimado de 91,96 millones de euros. Las capturas de caza mayor aportaron el 68% del valor económico total.
España, un gran coto de caza
La caza afecta al 85% del territorio español, generando un gran impacto sobre la diversidad. Por un lado, encontramos los cotos de caza privados, en manos
de grandes terratenientes, y, por otro, los sociales, gestionados por las Comunidades Autónomas. La oferta privada ocupa una superficie de 37.705.726 hectáreas, con 30.363 cotos, mientras que la pública, 5.503.308 hectáreas, con 1.098. A éstos, hay que sumar los refugios de caza y los terrenos no cinegéticos. Ante tales cifras, España es un destino de turístico para amantes de la caza de todo el mundo.
Tal y como reveló una investigación del diario El Mundo en noviembre de 2020, “500 familias controlan el 4,1% del territorio español, el equivalente a Navarra, País Vasco y La Rioja juntas, gracias a 1.669 grandes cotos de caza. Juan Abelló y su familia (41.276 hectáreas), el ganadero Samuel Flores (34.099 ha), la familia March Delgado (30.285 ha.) y los terratenientes Mora Figueroa Domecq (28.242 ha) son el cuarteto de superpropietarios”.
Los impactos de la caza
La caza es cada vez más motivo de controversia. No sólo desde un punto de vista ético, también desde la conservación de la biodiversidad. “El impacto sobre la biodiversidad lo propician tanto las modalidades reglamentadas en las diferentes comunidades autónomas como aquellos otros métodos que por su escasa o nula selectividad y su carácter masivo son considerados ilegales.
En este último caso nos estamos refiriendo al impacto de actividades que, lamentablemente, aún se hallan presentes en nuestros campos, como el empleo de cebos envenenados, lazos, cepos, el silvestrismo, el parany o las muertes ocasionadas por disparo sobre especies no cinegéticas o sobre especies cinegéticas durante las épocas no hábiles”, denuncia la organización Ecologistas en Acción, quien también afirma que dicha actividad ha resultado ineficaz para controlar adecuadamente la expansión de la población cinegética, provocando “más desequilibrio y daños”.
Asimismo, la práctica cinegética limita los derechos de la mayoría de los ciudadanos que no pueden ir tranquilamente a pasear por la montaña ante el peligro de que les disparen. Solo desde el 1 de enero hasta el 6 de septiembre de 2020, con los meses de confinamiento por en medio, se produjeron 605 víctimas, de las cuales 51 mortales, por disparos de cazadores en España (sin contar Cataluña y País Vasco por transferencia de competencias).
A pesar de todo lo expuesto, el lobby cinegético tiene un gran poder en nuestro país e influye de manera exitosa en el poder político y económico.
Cristina Fernández @crisfersan
Periodista especializada en veganismo.
