El PSOE ataca al sector plant based en España por su etiquetado

El PSOE ataca al sector plant based en España por su etiquetado

si hay restricciones de etiquetado que sea transparente y equitativo para todos los productos del mercado.

 

La Unión Vegetariana Española quiere expresar su preocupación ante la iniciativa presentada recientemente por el PSOE en el Congreso, que pretende restringir la publicidad de productos veganos comercializados como alternativas a la carne, bajo el argumento de que estos ‘podrían inducir a confusión al consumidor’.

 

Si bien esta propuesta es, por ahora, una iniciativa sin capacidad legislativa inmediata, evidencia el respaldo del partido a la industria ganadera y cárnica, un sector que se enfrenta a un descenso en sus ingresos debido al cambio de hábitos alimenticios y a la creciente conciencia social sobre el impacto de la producción de carne.

 

El auge de los productos plant-based en España y en todo el mundo es innegable. De acuerdo con los informes de la organización internacional ProVeg, el mercado de productos vegetales en Europa ha crecido un 49 % en los últimos dos años, mientras que en España ha aumentado en un 20 % anual. Estas cifras reflejan un cambio estructural en las preferencias del consumidor, impulsado por una mayor preocupación por la salud, el bienestar animal y el medio ambiente.

 

Las previsiones de la Comisión Europea confirman esta tendencia: cada año se espera que el consumo de carne descienda en 1,5 kg por persona en la UE. Esta realidad no solo preocupa a la industria cárnica, sino que deja en evidencia que no existen confusiones generalizadas respecto a los productos de origen vegetal, sino una toma de conciencia cada vez mayor entre los consumidores.

 

La industria cárnica, que se enfrenta a un descenso en sus ingresos debido a este cambio de tendencias, ha intensificado sus esfuerzos para proteger sus intereses, recurriendo a iniciativas políticas como esta. Sin embargo, propuestas similares en otros países no han prosperado. Un ejemplo de ello es el rechazo de la enmienda en el Parlamento Europeo en 2020, que pretendía prohibir el uso de términos como “hamburguesa” o “salchicha” para productos vegetales. La medida fue derrotada por una amplia mayoría, lo que muestra que el consumidor europeo no está confundido, sino más bien informado. Del mismo modo, en Francia, un intento de restringir estos términos fue suspendido en 2022 ante la presión pública, revelando que estas restricciones responden más a los intereses de ciertos sectores que a una necesidad real de proteger al consumidor.

 

Y es que por mucho que pretendan hacernos creer que estas denominaciones y etiquetas pueden confundir a los consumidores, nada más lejos de la realidad. David Román, presidente de la UVE considera que: “Los consumidores saben lo que buscan. Si se impide usar la denominación ‘hamburguesa vegetal’ eso sí que crearía confusión al tener que introducir otro nombre que quizás muchos consumidores no sabrían a qué se refiere. Todo el mundo sabe perfectamente qué es una ‘hamburguesa vegetal’, en cambio.”

 

Es importante señalar que, mientras el foco de la polémica se centra en los productos vegetales, que suelen etiquetarse de manera clara y transparente, los productos de origen animal continúan utilizando prácticas publicitarias altamente engañosas. Un claro ejemplo son las imágenes de animales felices y saludables que aparecen en los envases de productos cárnicos y lácteos, cuando la realidad de las granjas industriales y los mataderos es muy diferente. Como bien señaló Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal organización que trabaja para visibilizar el sufrimiento de los animales explotados dentro de esta industria: “Si los consumidores vieran el sufrimiento que generan a los animales, la mayoría no querría consumir dichos productos”.

 

También es relevante destacar que, mientras se busca regular la publicidad de productos vegetales bajo el pretexto de evitar confusiones, se obvia por completo la falta de regulación sobre productos ultraprocesados y “light” que, a menudo, engañan al consumidor con mensajes ambiguos sobre sus beneficios para la salud. Estos productos, en muchos casos ricos en azúcares, aditivos y grasas poco saludables, no enfrentan las mismas exigencias de transparencia, a pesar de que sus etiquetas y publicidad inducen a error sobre su valor nutricional. Si el objetivo es realmente proteger al consumidor, sería necesario aplicar criterios de regulación estrictos también a estos productos, que sí representan un riesgo real para la salud pública.

 

Desde la Unión Vegetariana Española, consideramos que la verdadera falta de transparencia no reside en el etiquetado de los productos vegetales, sino en la opacidad de la industria cárnica, que rara vez muestra las condiciones reales en las que viven y mueren los animales en las granjas. Sería mucho más beneficioso para los consumidores que, en lugar de restringir el uso de términos para productos vegetales, se exigiera a los productos de origen animal mostrar el impacto ambiental que generan: desde la cantidad de agua consumida, hasta la deforestación y los desechos tóxicos producidos. Asimismo, deberían reflejar el sufrimiento de los animales en las etiquetas, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y conscientes.

 

El apoyo a la ganadería por parte del PSOE no puede desvincularse de la realidad que enfrentamos como sociedad. Los organismos internacionales, como el IPCC, han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de adoptar dietas basadas en vegetales para hacer frente al cambio climático. El Informe Especial sobre Cambio Climático y Tierra elaborado por este panel de expertos de la ONU concluye que no será posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin realizar cambios profundos en la producción de alimentos y en nuestras dietas.

 

Además, los riesgos asociados al consumo de carne procesada y roja también han sido documentados ampliamente. El Fondo Mundial de Investigación del Cáncer recomienda limitar su consumo, ya que existe una fuerte evidencia de que la carne roja y procesada está vinculada al cáncer colorrectal. De este modo, la mejor forma en que el Gobierno podría proteger la salud de los ciudadanos sería informando sobre estos riesgos y reduciendo los subsidios que reciben las industrias que, además de dañar el medio ambiente, son responsables de la explotación animal.

 

Los datos recientes también reflejan este cambio de paradigma. Un estudio del Good Food Institute muestra que más del 58 % de los españoles ha reducido su consumo de carne roja en los últimos cinco años, mientras que un 24 % la ha abandonado por completo, motivados por razones de salud (29 %), medioambientales (27 %) y de bienestar animal (25 %). Estos datos reflejan una tendencia clara hacia la reducción del consumo de productos de origen animal, lo que pone en cuestión los supuestos problemas de confusión entre los consumidores.

 

Este ataque a los productos veganos también se suma a la campaña que, desde hace meses, la industria pesquera ha emprendido contra las alternativas vegetales al pescado. Como se ha visto recientemente, el sector pesquero reclama una regulación que limite el uso de términos relacionados con el mar en productos plant-based, alegando que confunden al consumidor. Sin embargo, esta ofensiva parece más un intento de frenar el auge de los productos veganos del mar, que están ganando popularidad por ser opciones más sostenibles y saludables. En lugar de poner el foco en alternativas responsables, la industria pesquera parece intentar proteger su cuota de mercado mediante medidas que perjudican a los consumidores y la innovación alimentaria.

 

Por todo ello, la Unión Vegetariana Española insta a que, en lugar de impulsar iniciativas que favorecen a la industria cárnica y obstaculizan el crecimiento del sector plant-based, se apueste por una política alimentaria basada en la transparencia, la equidad y la protección de la salud, los animales y el medio ambiente.

 

Los consumidores están cada vez más informados y conscientes de los impactos de sus elecciones. Por ello, cualquier regulación debe enfocarse en ofrecer información clara y precisa sobre todos los productos, permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones verdaderamente informadas y responsables. La transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles es inevitable, y las instituciones deberían facilitarla, no obstaculizarla.